Educación científica y estatal


Sócrates sólo necesitaba una condición para lograr que el esclavo de Menón alcanzara por sí mismo el conocimiento y, por tanto, la libertad: saber griego, esto es, la lengua común. Hoy en España, el español es la lengua común. No excluye a nadie dentro del territorio español, o, al menos, a ningún hablante que esté dispuesto a hablarlo o aprenderlo, y además se abre a muchos otros territorios en el mundo, mientras que las lenguas locales o regionales se cierran sobre sí mismas y son impuestas por ley. El proceso de analfabetización iniciado hace unos años alcanza el paroxismo con las legislaciones nacionalistas que minan meticulosamente la capacidad para pensar de los estudiantes por medio de una curiosa mezcla de dogmatismo rancio y relativismo fatal. Si el esclavo de Menón es capaz de resolver un problema geométrico gracias a las preguntas de Sócrates en el idioma común, lo es porque entre ambos se establece un vínculo estrictamente racional (común) en el que todo lo demás, lo propio de cada uno (lo idiota, en griego) queda al margen, incluida la propia esclavitud del esclavo, liberado en ese trance, capaz de pensar por sí mismo. Por medio de una educación impartida en una lengua que sólo se comparte con algunos de los habitantes de un rincón del Mediterráneo o del Cantábrico se condena a la esclavitud idiota a varias generaciones, garantizando así la consolidación del poder, que se alimenta de la idiotez, de la ignorancia y de la servidumbre de los súbditos, ya que en tales condiciones no se les puede considerar ciudadanos, más que, acaso, en un sentido puramente formal, esto es, electoral y tributario. Cabe contrastar el caso con el ejemplo francés, en el que cualquier lengua local es considerada como parte de la esfera de lo privado (de lo idiota) y fuera, por tanto, de lo público o común. Resulta ya aburrido constatar cómo, en el fondo, las preocupaciones nacionalistas se reducen al presupuesto, a la perpetuación de la casta política, funcionarial y étnico-lingüística, pero envolver esas preocupaciones con retórica nacionalista e indigenista (salvar la cultura amenazada, la lengua en peligro de extinción, etc.) proporciona un rédito económico mucho más alto que la mera exigencia económica desprovista de esa tediosa aureola romántica. Porque, al fin y al cabo, el hecho de que, a la hora de optar a plazas públicas en la administración autonómica, se exija el conocimiento del idioma regional y se valore por encima de la competencia profesional, es un hábil procedimiento para la discriminación de los individuos de fuera de la patria (maketos, charnegos), desconocedores de la lengua por haberse dedicado al estudio de su profesión o de idiomas internacionales. En Italia, la pretensión de la Liga Norte, siguiendo la lógica de quien pertenece a una zona más desarrollada económicamente y no quiere ver sus áreas de privilegio invadidas por los que puedan llegar del deprimido sur, gira en torno a la enseñanza de los dialectos del norte del país y la necesidad de su conocimiento para el acceso a puestos en la administración, destruyendo la igualdad de todos los individuos ante la ley. Esto es una tímida broma en comparación con la política nacionalista en España, país en el que semejante demanda está más que superada por la dictadura lingüística y donde, por el contrario, dicha política, abiertamente reaccionaria, aparece envuelta por la aureola sagrada de la «izquierda» y la «cultura», generando en el espectador convenientemente adoctrinado en el lenguaje de lo políticamente correcto una inmediata reacción pavloviana de consoladora y autosatisfecha aceptación. Y es que, tras la 2ª Guerra Mundial y el fracaso de los fascismos y del nacionalsocialismo, la raza quedó relegada como reivindicación política al ámbito de lo innominable, del tabú, de lo que no es ya rentable ni operativo retóricamente. Su lugar lo ocupó la cultura y, en particular, la lengua.



José Sánchez Tortosa,
El Catoblepas, 97, 2010 (14).


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